Junto con el Fórum Política Feminista porque lo tenemos claro, frente al neoliberalismo, feminismo.
Feminismo para vivir.
Por ser mujeres.
MANIFIESTO 8 MARZO 2021
Fórum Política Feminista
En medio de la tercera ola de la pandemia del COVID que
arrasa nuestro pais, Europa y la mayor
parte del mundo queremos dejar constancia una vez más en este
8 de marzo, día internacional de
las mujeres, que somos nosotras las que sufrimos la peor
parte de esta crisis sanitaria, económica y
social agravando nuestras precarias condiciones de vida.
Como trabajadoras soportando un acrecentamiento del paro, el
trabajo a tiempo parcial, del cuidado
de las personas dependientes. Soportando la violencia sexista
en todos los ámbitos de nuestra vida:
personal, laboral, social, en redes sociales, en
instituciones. Sufriendo la desprotección y abandono
en campos de refugiados, guerras, bloqueos ilegales,
migraciones forzosas por el hambre y la
violencia.
El acoso misógino, que crece exponencialmente por las redes
sociales, no cesa: el auge de las mafia
proxeneta internacional, la asunción acrítica de las
propuestas del transpatriarcado por las
instituciones públicas , tanto en normativas nacionales,
autonómicas e internacionales como por
parte de los medios de comunicación social que en nuestro
país se plasman en borradores de
proyectos de ley Trans y LGTBI son las luchas que el
movimiento feminista afronta sin por ello dejar
de lado nuestras reivindicaciones históricas por la igualdad
Reconstrucción económica y social de este país debe priorizar alcanzar y/o
consolidar la autonomía
económica de las mujeres, clave para alcanzar la igualdad
efectiva y la prevención de la violencia
contra las mujeres.
Si consideramos a las 3.704.600 personas “inactivas” por
cuidados del hogar como desempleadas,
el paro ascendería a 7.423.600 personas (de las 3.719.000 que
considera actualmente la encuesta)
y la brecha entre sexos pasaría del 4,18% a 13,22%. en la
actualidad. El empleo a tiempo parcial
representa un 25% del total del empleo de las mujeres,
mientras que para los hombres supone
apenas un 7% del total de sus contratos,
La realidad laboral, personal y social de las mujeres en
nuestro país nos muestra una perspectiva
pesimista, pero realista en cuanto a precariedad que
soportan, ya hablemos de temporalidad o de
parcialidad. Si bien da una perspectiva distorsionada si
atendemos a generación de riqueza. Son
tareas y funciones de cuidados, alimentación y hogar que los
datos macroeconómicos desprecian,
cuando la realidad es que supondrían un 40,77% PIB. Se habla
de la economía basada en los cuidados
de personas, de servicios públicos para cubrir, con empleo de
calidad, unas tareas esenciales para la
sociedad. Es necesario que el centro de las políticas
públicas desarrolle los mecanismos para que
las personas y su bienestar sean la prioridad. Así dejará de
ser una carga que las mujeres llevamos a
las espaldas y nos hacen quedar atrás. Se subestima el valor
real de la producción económica, y al
considerar las tareas del hogar y los cuidados como
inactividad, se invisibilizan trabajos que son
realizados por más de 3 millones de mujeres como única
actividad, que obligan a sub-emplearse con
contratos precarios por parcialidad o las arroja al desempleo
para dedicarse en exclusiva a los
cuidados a los que las políticas públicas no hacen frente.
Exigimos políticas de Corresponsabilidad para la desaparición
de la diferencia por sexo con medidas
concretas : la escolarización de 0 a 3 años y un sistema de
servicios públicos para los cuidados y
suficientemente financiado, regularizando la situación de las
empleadas del hogar y eliminar los
incentivos que desincentivan el empleo de calidad de las
mujeres y equiparación de las pensiones,
también las no contributivas, a un mínimo de suficiencia
vital y elevar los indices de referencia para
la garantía de unas rentas mínimas adecuadas.
La reducción de la brecha de las pensiones entre mujeres y
hombres como objetivo transversal para
todas las medidas que se adopten para la sostenibilidad del
sistema público de pensiones en
cumplimiento de los principios de solidaridad social y entre
generaciones.
Eliminar programas que incentiven la peor calidad de los
empleos de las mujeres: Excedencias o
parcialidad.
Diseñar métodos de mejora de las pensiones que tengan como
objetivo la equiparación de las
pensiones contributivas de las mujeres y ayudas a la solidaridad
de las pensiones más bajas,
ocupadas por mujeres.
Luchar contra la Economía sumergida para mayor solidaridad
del sistema y salvar de la exclusión a
colectivos como las empleadas del hogar y cuidados.
Potenciar con el sistema de incentivos el retorno al trabajo
de mujeres desempleadas e inactivas y
la conservación en situación de trabajo activo de las
mujeres.
Medidas positivas transitorias correctoras que compensen las
cortas trayectorias laborales de las
mujeres al mercado de trabajo y las lagunas de cotización en
caso de incrementar el periodo de
acceso a la jubilación
Mantenimiento de los complementos a mínimos, y primando los
requisitos de necesidad social por
encima de los de matrimonio, de manera que, sin desproteger a
mujeres mayores, no incentive la
dependencia de las casadas jóvenes.
Equiparar el sistema especial de empleadas de hogar con el
Régimen General para que, además de
tener derecho al desempleo, adecúen las cotizaciones a sus
ingresos reales para una mejor
protección en la etapa pensionista.
Ratificación del Convenio OIT 189.
Regularización de la situación administrativa de aquellas
personas migrantes que trabajen en
servicios de cuidados y ocupaciones declarados esenciales 7
Deducciones fiscales especiales a empleadoras de empleadas de
hogar y ayuda a domicilio.
Consideración de esta actividad como generadora de riqueza.
El gasto generado por la empleadora
(salario y cotización) debe dejar de ser considerado consumo.
Reducir la tasa de paro registrado del 22,61%, eliminando la
brecha entre sexos. Ampliar la tasa de
empleo en las mujeres menores de 30 años para alcanzar al
menos la de 52% masculina, 12 puntos
superior a la de las mujeres.
Actuaciones dirigidas a combatir los estereotipos y roles de
género que condicionan el acceso al
empleo a las mujeres a determinados sectores y ocupaciones.
Impulso para incrementar la presencia
de mujeres en estudios en áreas de conocimientos donde estén
menos representadas.
Impulsar políticas de empleo dirigidas a favorecer la
inserción laboral de las mujeres con
discapacidad para que se reduzca su exclusión y puedan
alcanzar un desarrollo personal que les
permita ser autosuficientes.
Incremento progresivo con referencia al SMI en los Presupuestos
Generales del Estado de las
pensiones no contributivas. Equiparación de la pensión no
contributiva con el mínimo general de las
pensiones.
Sobre violencia machista el Cumplimiento del Pacto de
Estado:
De las 290 medidas que contiene el Pacto de Estado contra la
Violencia de Género -unificadas las del
Congreso y el Senado- solo se han cumplido 75, lo que supone
el 25,8% del total de medidas. 164
están en proceso de implementación (56,5%) y 51 siguen
pendientes de implementación, lo que
supone el 17,5%.
Exigimos que se cumpla con la medida de la modificación del
art. 1 de la Ley Integral, ampliando el
concepto de violencia de género a todas las formas de
violencia contra las mujeres contenidas en el
Convenio de Estambul.
Prevención de la violencia de género en el sistema educativo:
la prevención debe ser política
prioritaria, por ello exigimos la recuperación de programas
de coeducación en los centros escolares,
que garanticen la impartición de asignaturas que incorporen
la formación en igualdad de mujeres y
hombres, entre ellas la educación sexual y afectiva para
prevenir la violencia sexual.
Detección precoz en el sistema sanitario sistemática en
Atención Primaria y Hospitalaria mediante
cribado de test “West” a todas las mujeres a partir de los 14
años. Incluir en la Cartera de Servicio a
fin de asegurar el registro y contar con datos de incidencia.
Asegurar coordinación de los recursos y
actuaciones de ayuda y trasmisión de los datos. Incluir en
los protocolos de seguimiento de las
pacientes del Covid 19 el cribado para detección de alto
riesgo de feminicidio debido a las medidas
de confinamiento.
Formación obligatoria y continuada de la Judicatura,
Fiscalía, Abogacía y Funcionariado y otros
operadores jurídicos en perspectiva de género, esta formación
es fundamental para que la víctima
pueda acudir a la justicia en condiciones de igualdad,
esperando justicia y reparación. De modo de
librar al sistema judicial de los prejuicios y estereotipos
sexistas. Erradicar el maltrato institucional
a las mujeres cuando acuden al sistema judicial en busca de
protección y reparación
Exigimos una regulación específica que prohíba, mediante
penas y sanciones, el uso y la apología
del falso SAP, que debe contener: El rechazo explícito a la
figura de ADR o Coordinador parental
prohibiendo su formación y su uso en los juzgados por ser un
arma contra las mujeres y las niñas y
niños cuando se dirimen las custodias, introduciendo de forma
soslayada un sistema que coarta su
libertad y les perjudica . Prohibición del SAP y de su
significado en los programas de formación
(medicina, psicología, sociología, periodismo, abogacía,
fiscalía, judicatura, etc), prohibición de
"diagnosticar" a las niñas y niños de Síndrome de
Alienación Parental (SAP) o cualquier otra fórmula
que se refiera a la alienación de las niñas/niños y
adolescentes.
Exigimos que los centros Puntos de Encuentro Familiar y los
Centros de Apoyo a la Familia, tengan
una gestión pública, sean ideológicamente independientes y
cuenten con personal especializado en
violencia de género, infancia y diagnóstico de la
personalidad, así como unos protocolos adecuados
para no revictimizar y proteger de la violencia machista a la
infancia y mujeres.
No a la custodia compartida impuesta: Estamos en contra por
ser herramienta de maltrato contra la
mujer e hij@s, por lo que pedimos la urgente eliminación del
punto 8 del art 92 del Código Civil.
Exigimos una legislación que penalice la violencia sexual y
acoso sexual contra las mujeres en el
empleo, en medios de comunicación social, en redes sociales
ye en todos los ámbitos sociales,
familiares, educativos
Reclamamos una ley de abolición de la prostitución que ampare
a las mujeres, proporcionando
salidas educativas y de empleo, vivienda y ayudas económicas
(ingreso de inserción social), que
penalice el proxenetismo en todas sus formas y a puteros,
prohíba la publicidad en medios y redes
sociales de la prostitución y pornografía y acabe con la
apología del trabajo sexual como vía laboral
y de emancipación, así como todos los actos en centros
educativos en este sentido. Reclamamos
una lucha efectiva y real contra la trata de mujeres con
fines de explotación sexual. España es destino
de muchas mujeres tratadas que llegan desde los países más
empobrecidos del mundo. Las tasas de
detección son muy pequeñas
Las familias monomarentales: reconocimiento y de regulación
explícita de medidas dirigidas a ellas
tales como servicios de apoyo familiar, ingreso mínimo vital,
información accesible y comprensible,
políticas de conciliación...
Para que nuestros derecho a la protección a la salud
sean una realidad reclamamos:
Formación obligatoria con perspectiva de género y en materia
de Salud Sexual reproductiva,
violencia obstétrica y Derechos Humanos, morbilidad
diferencial, VG a profesionales sanitarios,
tanto en pregrado como en postgrado y en formación
continuada. Y Asegurar la perspectiva de
género en la investigación.
Protocolos con perspectiva feminista e interseccionalidad en
la actuación preventiva y clínica.
Información epidemiológica y clínica desglosada por sexo.
Educación afectivo sexual obligatoria en centros educativos
con presupuesto específico y formación
adecuada del profesorado en coeducación feminista.
Acceso universal y efectivo a la anticoncepción hormonal y de
barrera en todos los territorios.
Ampliar y/o crear servicios de información, asesoramiento y
atención en materia de salud sexual y
reproductiva, incluyendo la interrupción de embarazos no
deseados y que se ofrezcan en la sanidad
publica tanto los métodos quirúrgicos como farmacológicos
para la IVE, así como métodos de
analgesia garantizados durante el proceso de interrupción.
Aborto fuera del Código Penal y dentro de Sanidad pública.
Acceso no tutelado para menores de 17
años. Regulación de la objeción de conciencia y aseguramiento
de la prestación. Medidas de
contención de las organizaciones antiabortistas aplicando un
perímetro de seguridad y sancionando
su incumplimiento.
Desmedicalización del parto no complicado, adecuando,
cumplimiento de la Declaración de
Fortaleza de la OMS que garantice una atención al embarazo,
parto y puerperio humanizada,
desmedicalizando estos procesos y adecuando las prácticas
sanitarias para la consecución de las
tasas obstétricas recomendadas por la OMS en cuanto a:
cesáreas, partos instrumentalizados,
episiotomías, rotura artificial de membranas, uso de
oxitocina sintética, inducciones, la no
separación de madres y bebés, y apoyo a la Lactancia Materna.
Oferta sistemática de métodos preventivos frente a infección
VIH. Detección precoz de infección VIH
en mujeres.
Asesoramiento protocolizado en la Sanidad Pública sobre
técnicas de reproducción asistida y su
efectividad. Control de donación de óvulos
Aplicación estricta y seguimiento del Protocolo contra la
MGF.
Adecuación de los recursos de atención a la salud mental en
la Sanidad Pública con perspectiva
feminista. Formación de profesionales en manejo no
farmacológico de problemas de salud mental.
Fortalecimiento de los servicios públicos: sociales, sanitarios, educativos y
de cuidados.
Denunciamos la dejación de estos servicios esenciales en
manos de empresas privadas que priorizan
sus beneficios empresariales tal y como se ha visto en las
residencias de mayores durante la
pandemia Covid, la insuficiencia crónica de los servicios
sociales y sanitarios públicos necesita de
una inyección de financiación pública que alcance la media de
la UE. Su déficit recae en las mujeres
tanto como cuidadoras como trabajadoras en estos servicios
con el consiguiente perjuicio para su
salud. Por ello reclamamos Presupuestos feministas para
garantizar una salida que cuente con las
mujeres.
Referenciar los datos desglosados por sexos en todas
las estadísticas y registros oficiales:
eliminando los registros por genero que contravienen la Ley
Orgánica de Igualdad 3 /2007.
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